Durante 60 días, los trabajadores de instituciones públicas, privadas o mixtas, deberán atender el llamado del Ejecutivo para cooperar con la siembra. Empresarios y trabajadores.
El Ejecutivo tendrá ahora la potestad de insertar temporalmente a los trabajadores de las entidades públicas, privadas, de propiedad social y mixta en labores para el impuso productivo del sector agroalimentario. Los requerimientos son contar con condiciones físicas adecuadas, además de conocimientos teóricos y técnicos en las diferentes áreas productivas.
De acuerdo con la Gaceta Oficial N° 40.950, publicada el 22 de julio, el Gobierno exigirá que los trabajadores dejen sus puestos regulares de trabajo por un lapso de 60 días prorrogables por el mismo periodo de tiempo para cooperar con el plan. Durante esos meses, la empresa empleadora no está obligada a pagarles el salario base, pues pasaría a ser responsabilidad del organismo al que preste el servicio temporal. Pero, sí se encargará de la continuidad de beneficios como el bono de alimentación y el seguro social. Al trabajador se le garantizará la inamovilidad laboral.
“Tú no puedes mover las piezas productivas a tu antojo”, afirma Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, explicando que la suspensión del capital humano de las pocas empresas productivas del país tendría un fuerte impacto en la economía nacional y en la vida de los trabajadores. “Yo creo que esa es una decisión personalísima de los empleados decidir dónde y con quién trabaja, y yo no los puedo obligar a que vayan a trabajar ni siquiera momentáneamente en una empresa gubernamental”.
El empresario agrega que un proceso productivo en el sector agroalimentario no toma 60 días, sino ciclos de seis meses, para poder percibir resultados. Entre las propuestas que maneja el gremio para la solución del problema está un esquema de administración delegada, en la que empresarios vayan de la mano con el Gobierno a hacer una administración conjunta. Ejemplifica con el caso de Asoportuguesa, que trabaja de manera mixta.
"Rechazo de trabajadores"
La medida se asemeja a la establecida por Fidel Castro, expresidente de Cuba, luego de la salida de Fulgencio Batista. Lo llamó trabajo voluntario, una acción en la que los cubanos trabajan sin remuneración monetaria en la agricultura, pero con beneficios en la salud y educación. Pero, lo que en algún momento ayudó a paliar los efectos del desempleo, luego desencadenó en el deterioro de derechos laborales.
Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista y miembro del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (FADESS), llama al movimiento laboral a rechazar el decreto, pues considera que el Gobierno solo pretende distraer la atención de verdaderos problemas como el poco poder adquisitivo del salario, el cierre de empresas y la escasez.
“Acciones como estas representan un grave peligro para lo que histórica y culturalmente los trabajadores hemos ganado en siglos. Es un dislocamiento completo de lo poco que queda de actividad industrial, y la pérdida completa del sentido de la economía venezolana”, argumenta el sindicalista.
Puntos Claves
– La acción se toma en el marco del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población.
– Es de carácter obligatorio la participación de todas las entidades de trabajo del país, por lo que deberán proporcionar los trabajadores requeridos.
– Los trabajadores estarán enmarcados en los efectos de suspensión de la relación de trabajo y gozarán de inamovilidad laboral.
– De 60 a 120 días es la duración del servicio al Estado.
